miércoles, 13 de junio de 2012

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Medio ambiente, riesgo y cambio climático: una mirada estratégica desde República Dominicana

Por Magdalena Lizardo

Los impactos del cambio climático sobre República Dominicana, sumados a la vigencia de prácticas de consumo y producción que deterioran el ambiente, hacen necesario tomar muy en serio la sustentabilidad ambiental como eje estratégico para asegurar la calidad de vida y el desarrollo del país.

AL INICIO DEL SIGLO XXI, la importancia estratégica del medio ambiente adquiere nuevas dimensiones, en la medida que nuevas amenazas aparecen en el horizonte.

La población dominicana ascenderá a 12 millones de personas en 2030, alrededor de un 24% superior a los 9,7 millones existentes en 2010. Aun en el supuesto de que nuestra disponibilidad de recursos naturales permanezca en los niveles actuales, el mero crecimiento poblacional pondrá presión sobre el uso de los mismos.

LOS RETOS AMBIENTALES

Ejemplos de prácticas productivas no sustentables o que deterioran la calidad ambiental se encuentran en la agricultura, con la contaminación de las fuentes acuíferas por agroquímicos y el desperdicio de agua en el riego por inundación; en la industria, con la descarga de aguas residuales que contaminan los ríos y las emisiones de gases contaminantes; en el turismo, con la destrucción de corales y manglares y el desperdicio de agua; en la construcción, con el uso de agregados provenientes del cauce de los ríos; en la producción de energía, con la proliferación de pequeñas plantas eléctricas que generan contaminación sonora y del aire; así como en el transporte, con el uso de combustibles fósiles en unidades de transporte poco eficientes, entre otros.

“La Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 incluye un manejo sustentable del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático”

La necesidad de asegurar la sustentabilidad medioambiental se acentúa de forma más dramática si se toman en cuenta los efectos presentes y esperados del cambio climático sobre los pequeños estados insulares, como la República Dominicana. Desde hace un tiempo, estamos sintiendo la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes y tormentas más intensas y fuera de temporada, así como sequías más prolongadas.

Los distintos escenarios del impacto del cambio climático sobre la isla proyectan una fuerte presión sobre el recurso hídrico y la reducción del régimen de lluvias, así como dos efectos probables que tendrían consecuencias graves para el país: el aumento de la temperatura de los océanos y el aumento del nivel del mar. El primero implicaría la destrucción de arrecifes coralinos que actúan como barreras de protección de las costas y fuente de biodiversidad marina. El segundo implicaría la inundación de zonas costeras bajas, afectando zonas de playas (recurso clave en el desarrollo del turismo) y reservas costeras de agua subterránea por efecto de intrusión salina. En los escenarios más pesimistas, esto podría generar una pérdida significativa del territorio nacional.

LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

La Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que ha sido presentada a la sociedad dominicana por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Reforma del Estado, contempla como uno de sus ejes estratégicos “Un manejo sustentable del medio ambiente y una adecuada adaptación al cambio climático”. Para ello se propone trabajar en el logro de cuatro objetivos.

“Si queremos que nuestros campesinos no depreden los recursos naturales, es necesario retribuir este servicio ambiental asegurando condiciones para una vida digna a estas poblaciones”

El primer objetivo procura la protección y aprovechamiento de manera sustentable de los recursos naturales y la mejora de la calidad del medio ambiente. Para esto se propone fortalecer el marco regulatorio e institucional en que opera la política medioambiental, para que la misma se aplique conforme a los principios de desarrollo sustentable, e involucrar los gobiernos locales en la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales.

Se busca la restauración y preservación de los servicios prestados por los ecosistemas, la reforestación de los territorios con vocación boscosa con especies endémicas y nativas, el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas y la protección del medio ambiente de la isla de Santo Domingo, en su conjunto, en colaboración con Haití.

Para elevar la efectividad de la gestión ambiental, se propone avanzar en la implementación de tres instrumentos. El primero es la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial que regule el uso del suelo, incentive el aprovechamiento sustentable de los recursos y facilite la gestión integral del riesgo. Un plan de ordenamiento territorial que efectivamente se cumpla puede jugar un rol trascendental en el mejor aprovechamiento de los suelos según su mejor vocación (agrícola, urbana, turística o servicio ambiental) y eliminar potenciales conflictos con usos no sustentables de los mismos.

INCENTIVAR LAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES

También se aboga por el pago de servicios ambientales a las comunidades que protegen los servicios prestados por los ecosistemas, particularmente las cuencas de los ríos. Si queremos que nuestros campesinos no depreden las zonas donde nacen los ríos y que se integren al cuidado de las cuencas, es necesario retribuir este servicio ambiental asegurando condiciones para una vida digna a estas poblaciones.

“Uno de los objetivos relacionados al cambio climático es actuar tanto en medidas de adaptación como de mitigación”

Asimismo, se aboga por el uso de instrumentos económicos o de mercado para incentivar prácticas de producción o consumo ambientalmente sustentables (como producción limpia y ahorro de agua y energía) o desincentivar el uso o descarga de contaminantes, apelando a la aplicación del principio de que quien contamina paga.

Se reconoce, además, que la sustentabilidad ambiental y la mejoría de la calidad del medio ambiente requieren un continuo monitoreo y evaluación del estado del medio ambiente y los recursos naturales, así como la promoción de la educación ambiental y la participación de la ciudadanía en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Un segundo objetivo enfatiza el gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para lo cual se plantea reformar la institucionalidad y marco legal de la gestión del recurso, actualmente caracterizados por un alto nivel de dispersión que impide una planificación integral y coordinada de la política hídrica.

REDUCIR LA VULNERABILIDAD ECOLÓGICA

“El proceso de adaptación requiere una clara comprensión de la forma en que el cambio climático afecta a la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas, para poder implementar políticas públicas adecuadas”

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 postula la urgencia de pasar de un modelo de gestión basado en la expansión de la oferta del servicio de agua, a un modelo que enfatice el control de la demanda, dado que en el país el uso del recurso hídrico se caracteriza por su baja eficiencia, con niveles de pérdidas ascendentes a 65% en el sistema de agua potable y a 70% en el sistema de riego.

Obviamente, esto no significa no prestar atención a la necesaria expansión del servicio de agua y saneamiento a la población que actualmente no tiene acceso al mismo. De crucial importancia en el proceso de adaptación al cambio climático resulta la expansión y mantenimiento de la infraestructura de regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en embalses con propósitos múltiples y con un enfoque de desarrollo sostenible.

El tercer objetivo propone desarrollar un sistema nacional de gestión integral de riesgo que, partiendo del mapeo de los riesgos, incorpore la gestión de riesgo en los procesos de planificación e inversión pública. Se enfatiza la necesidad de descentralizar la gestión de riesgo en el territorio y fortalecer su coordinación con el nivel nacional, así como capacitar a la ciudadanía en gestión de riesgo para lograr la actuación responsable de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de los desastres.

La gestión de riesgo pasa necesariamente por la definición y puesta en práctica de nuevos códigos de construcción de edificios e infraestructura que permitan soportar los embates de fenómenos climáticos extremos y de riesgo sísmico, así como la adopción de mecanismos de seguros, tanto por parte del sector público como del sector privado.

Finalmente, el cuarto objetivo, relativo al cambio climático, plantea actuar tanto en medidas de adaptación como de mitigación. En primer lugar, el proceso de adaptación requiere una clara comprensión de la forma en que el cambio climático afecta a la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas, para poder implementar políticas públicas adecuadas.

También se aboga por adopción de políticas que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los impactos del cambio climático, mediante el fomento de prácticas ambientales sostenibles en la producción de bienes y servicios, así como prácticas que contribuyan a reducir los riesgos.

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